
Piero Alessandro Corvetto Salinas presentó este martes su renuncia irrevocable al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras los serios cuestionamientos por las fallas logísticas ocurridas durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 12 de abril. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la dimisión por unanimidad en un pleno extraordinario.
En una carta dirigida a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, Corvetto señaló que, “luego de los problemas técnico-operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana” y estando por finalizar el procesamiento de las actas de la elección presidencial, consideró “necesario e impostergable” renunciar. Argumentó que su salida busca que la segunda vuelta presidencial del 7 de junio se organice “en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”. Además, manifestó su “total y entera disponibilidad” para colaborar con todas las investigaciones.
Las irregularidades que desataron la crisis
El 12 de abril, miles de electores —principalmente en distritos de Lima Sur y Lima Oeste— no pudieron votar a tiempo por la demora en la llegada del material electoral. Según reportes oficiales, más de 52.000 ciudadanos se vieron afectados, lo que obligó a extender la jornada de sufragio hasta el lunes 13 de abril en al menos 13 locales de votación, un hecho inédito en la historia electoral reciente del Perú.
Entre los problemas más graves destacaron:
- Fallas en la distribución del material por parte de la empresa contratada para el transporte.
- Hallazgo de cajas con cédulas de votación en lugares inadecuados (como en Surquillo).
- Problemas con el sistema tecnológico STAE en algunas zonas, que complicaron la impresión y registro de actas.
- Cuestionamientos a la cadena de custodia y posibles omisiones funcionales.
Estas fallas generaron denuncias penales contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE por presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del desarrollo del acto electoral. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó la denuncia ante el Ministerio Público, y la Fiscalía ya realiza diligencias, incluyendo citaciones y pedidos relacionados con la entrega de pasaporte.
Previamente, el gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas, había renunciado asumiendo responsabilidad por los retrasos logísticos.
Reacciones y contexto
La renuncia de Corvetto ocurre en un momento crítico: el escrutinio de actas aún avanza y el país se prepara para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el candidato que resulte segundo (entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, según los conteos preliminares). Diversos sectores —gremios empresariales, excandidatos como Carlos Álvarez, exdefensores del Pueblo y especialistas en derecho electoral— habían exigido su salida inmediata para preservar la legitimidad del proceso.
Expertos consultados advierten que, aunque la ley orgánica de la ONPE establece que el cargo es irrenunciable durante el proceso electoral (salvo impedimento sobreviniente), la JNJ aceptó la dimisión de manera exprés. Sin embargo, la salida no exime a Corvetto de responder ante las investigaciones fiscales y disciplinarias en curso.
Por el momento, no se ha designado a un reemplazo definitivo. La JNJ deberá convocar el concurso correspondiente, mientras que un funcionario de la institución asumiría interinamente la jefatura para garantizar la continuidad de los preparativos de la segunda vuelta.
Esta renuncia marca un punto de inflexión en la crisis electoral de 2026 y plantea desafíos sobre la credibilidad institucional de cara al balotaje del 7 de junio. La ciudadanía y los actores políticos esperan que las investigaciones avancen con transparencia para esclarecer responsabilidades y fortalecer la confianza en el sistema electoral peruano.
